martes, 16 de febrero de 2010

El Gobierno de Sarkozy detendrá en "zonas de espera" a los inmigrantes

Expulsiones exprés para los inmigrantes 'sin papeles'. Un paso más allá de los CIEs. Los inmigrantes podrán ser retenidos en "zonas de tránsito" el tiempo que sea necesario.

El Gobierno de Nicolas Sarkozy está determinado a recortar los derechos de los inmigrantes irregulares que hay en Francia y a acelerar los procesos de repatriación. El ministro de Inmigración e Identidad Nacional, Eric Besson, presentará al Consejo de Ministros, a lo largo de marzo, un anteproyecto de ley que prevé, entre otras medidas, la posibilidad de que existan, donde la autoridad lo requiera, "zonas de espera" como las que hay en las fronteras de los aeropuertos, esto es, lugares especiales donde la policía puede retener a los inmigrantes sin papeles mientras se decide qué hacer con ellos.

Con esta nueva reforma de la ley, va confirmando la práctica totalidad de la legislación europea: Tratar al inmigrante como una mercancía.

Puntos básicos de la norma:


- Zona de tránsito especial. Podrán crearse en todo lugar del territorio en que «uno o varios» extranjeros ilegales hayan sido localizados. Según el anteproyecto de ley, las autoridades administrativas estarán habilitadas a retenerlos y privarlos de libertad dentro de esa «área especial de espera» durante el tiempo necesario. El inmigrante es tratado como un delincuente. Privándolos de libertad el tiempo que sea necesario. Me pregunto: sobre estas zonas, ¿estará vigente la injusta ley de retorno, o estamos yendo más allá?

- Alejamiento expeditivo. El plazo para recurrir una expulsión ante el tribunal administrativo pasará de 30 días a 48 horas.

- Prohibición de retorno a Francia. Como estipula la directiva europea, la expulsión del territorio galo conllevará la prohibición de entrada a Francia por un periodo máximo de tres años y de cinco si el clandestino incumple los términos de su alejamiento.

- Lucha contra la contratación de ilegales. Los prefectos (delegados del Gobierno) podrán decretar el cierre por un máximo de «seis meses» y motivando su decisión a toda empresa que emplee a trabajadores «sin papeles» o en la que se detecten irregularidades en la contratación.
Luc Beal-Rainaldy, inspector de trabajo y secretario nacional del sindicato FSU alertó en Le Monde sobre la poca efectividad de estas amenazas de cierres: "Se cerrarán pocas empresas. Además, después de un control, las pequeñas empresas suelen desaparecer, y para que cierren las grandes, será preciso demostrar que hay irregularidades muy graves".



- Inmigración escogida. Se prevé la creación de permisos de residencia temporales de un máximo de tres años renovables para aquellos que acrediten estudios universitarios o experiencia profesional. Los inmigrantes tratados claramente como una mercancía.

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