EL INTERÉS DE ESPAÑA POR ÁFRICA OCCIDENTAL

En 2006, tras la llegada de más de 33.000 subsaharianos en cayucos al archipiélago español, España desplegó un dispositivo securitario (Misiones FRONTEX) y diplomático (creación de embajadas en los países de “salida”) sin precedentes, destinado a frenar y a contener los “flujos migratorios” provenientes del África Subsahariana, a cambio de una inmigración escogida.

Todos estos dispositivos se llevaron a cabo en el marco del Plan África 2006-2008, renovado posteriormente (2009-2012), cuya “vocación solidaria” hacia la sociedad africana, lejos de obrar a favor de su desarrollo efectivo, ampara en realidad una estrategia de penetración del continente, destinada a favorecer ante todo los intereses comerciales y económicos españoles, el control de los flujos migratorios en su dirección, así como sus objetivos de seguridad.

El origen de este repentino interés por África, más allá de su potencial en términos de riquezas naturales, encuentra evidentemente su fundamento en la cuestión migratoria.En un intento de apaciguar a la opinión pública y a la oposición, ambas bajo la influencia del discurso alarmista del « desbordamiento » de sus fronteras, el gobierno socialista español ha pretendido reforzar el control migratorio a través el refuerzo de la cooperación condicionada y el control de fronteras, en “total colaboración” con los países del sur. Por ello, España negoció una serie de acuerdos de “regulación de flujos migratorios”, llamados de « segunda generación », con numerosos países de origen y de tránsito que combinan “promoción de la inmigración circular de trabajo” (o inmigración escogida) y el refuerzo de la “lucha contra la inmigración clandestina”.

Mas allá de una visión de la inmigración estrictamente utilitarista, la cual consiste en el abrir y cerrar las fronteras en función de los intereses económicos de España y de sus necesidades en mano de obra, estos acuerdos de nueva generación con varios países permiten la inmediata repatriación de los inmigrantes irregulares que hubieran salido o transitado por sus territorios. Ello a cambio de contrapartidas para los países africanos firmantes, que ven así incrementada la ayuda al desarrollo y pueden gestionar la firma de contratos en origen para acceder de forma legal al mercado de trabajo español.

Los primeros países que firmaron estos acuerdos de segunda generación fueron Mauritania (2003), Guinea-Conakry, Gambia y Cabo Verde (2007). Malí les siguió en 2008.

No obstante, el compromiso por parte de los países del sur de readmitir a sus ciudadanos en situación irregular en el territorio europeo no es nada nuevo. Ya a principios del año 2000, el Acuerdo de Cotonou, firmado entre los miembros de la Unión Europea y los países ACP (África, Caribe y Pacífico), conllevaba una cláusula estándar de readmisión.

Su articulo 13 preveía así que cada Estado firmante debe « aceptar el retorno y la readmisión de cualquiera de sus nacionales que se encuentren en situación ilegal en el territorio de un Estado miembro de la Unión Europea a solicitud de ese Estado miembro sin otras formalidades ». Estos acuerdos también preveían la posibilidad de readmitir a personas que hubieran transitado por este territorio aunque no fueran sus nacionales: «en caso de que una de las partes lo estimara necesario, dispositivos para la readmisión de los extranjeros residentes de terceros países y de apátridas ».

En este sentido, España reactivó en 2006 el Acuerdo firmado con Mauritania en 2003 que le obligaba a readmitir en su territorio a los ciudadanos mauritanos en situación irregular en España y también a los ciudadanos de terceros países de los que se pudiera « verificar » o « presumir » que habían intentado llegar a España saliendo de la costa mauritana. Además, en el contexto de una operación llevada a cabo por la U.E. para controlar sus fronteras exteriores, Mauritania aceptó que la Guardia Civil española (conjuntamente con sus autoridades) patrullara sus costas, además de la presencia en su suelo de un avión, un helicóptero y de un Centro de Detención financiado por España. Este centro, situado en Nuadibú, está destinado a las personas interceptadas en alta mar, pero también a aquellas sospechosas de querer embarcar hacia las Islas Canarias, aunque el hecho de querer salir de Mauritania no es constitutivo de delito según su código penal nacional.

Con respecto a Malí, España firmó en junio de 2008, por medio de una Comisión Mixta hispano-maliense y sin ratificación de la Asamblea Nacional Maliense, un Acuerdo Marco de Cooperación en Materia de Inmigración que implicará la promoción de la inmigración escogida (se prometen 800 contratos en origen) y reforzará la lucha contra la inmigración clandestina y el tráfico de seres humanos, con una cláusula de readmisión de sus ciudadanos en situación irregular.

Sin embargo, constatamos in situ que si los charters de expulsión siguen llegando a Bamako, es notable que España no ha cumplido con su contrapartida del Acuerdo, ya que según informaciones de la Dirección General de los Malienses del Exterior (DGME), por causas de “crisis económica global”, las necesidades españolas en materia de contratación en origen se han reducido, en Malí en el 2009, a... 0.

No obstante, funciona la cooperación policial: según diversas fuentes oficiales consultadas en Bamako, España financia en Malí la creación de 17 puestos fronterizos, colabora con el rearmamento policial, con el aumento y la formación de personal policial, con la implantación de nuevas tecnologías en este sector, con el intercambio de información y también con la financiación de las expulsiones desde su territorio.

El conjunto de estos elementos apuntan a una clara responsabilidad de los países europeos, y en este caso de España, en las consecuencias nefastas del endurecimiento de sus políticas migratorias, dentro y mas allá de sus fronteras.

De hecho, la externalización del control de sus fronteras exteriores, la financiación de la contención de los flujos migratorios en su dirección y la expulsión de ciudadanos subsaharianos a Mauritania convierten a España en co-responsable de las condiciones de detención y de rechazos en frontera (colectivos y en cascada) que tienen lugar en los países de la región, así como de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos que todo ello provoca.
 
Fuente: Otra frontera sin derechos: Malí-Mauritania. Informe de misión conjunta AME -APDHA